La pregunta uno de la consulta popular, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna requiere de una revisión histórica para entender por qué, en primer lugar, están impedidas de participar en una de sus principales funciones, desde que existe la república.
Los estudios de Bertha García iluminan nuestra comprensión: el punto de quiebre de la situación actual fue la rebelión del 30 de septiembre de 2010, que el entonces presidente asumió como un golpe de Estado; aunque se trataba de una insurrección policial debida a la modernización técnica, sin modificaciones conceptuales ni organizativas.
El propósito del gobierno de Alianza País con esos cambios era desplazar a las Fuerzas Armadas de las funciones que siempre habían cumplido: delinear y dirigir la seguridad interna (y externa) del país, al tiempo que fortalecían a una institución menos orgánica, a la que fuera posible moldear a su gusto.
No obstante, el “30S” obligó a un cambio de planes. En lugar de seguir fortaleciendo a la Policía se modificó el objeto de las Fuerzas Armadas, que pasó de proteger a las personas a cuidar del gobierno, en primera instancia. García evidencia que a partir de entonces la política de seguridad se basó en la voluntad del presidente de centralizar y someter a de los demás poderes públicos, incluidos militares y policías; el carácter ideológico del régimen; la declaración de los sectores de defensa en emergencia permanente; y su sometimiento formal a la planificación del Estado.
Bajo esa lógica, en 2015 la Asamblea modificó la Constitución y cambió las funciones de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al proyecto de “seguridad integral”, que contradecía la Ley de Seguridad Pública y del Estado y generaba reticencias entre los militares, poco convencidos de ser “fuerzas de la revolución”, como esperaba el gobierno. En abril decidimos si desandamos ese camino, primer paso para una política estratégica de seguridad pública interna.