Justicia en emergencia: El grito silenciado en la provincia de Orellana
En la provincia de Orellana, tierra bendecida por su riqueza petrolera y su innegable potencial turístico, se vive una realidad vergonzosa que parece ser invisible para las autoridades nacionales: el sistema de justicia se encuentra en crisis profunda y en completo abandono.
Hoy, alzo la voz con respeto, pero también con firmeza. Desde mi experiencia como abogado en libre ejercicio, puedo afirmar que la situación judicial en nuestra provincia no solo vulnera los principios fundamentales del debido proceso, sino que representa un agravio permanente para los ciudadanos y profesionales del Derecho.
Fiscales agotados y fragmentación de causas.- Orellana, con 27 años de vida política, cuenta con apenas cinco fiscales, y cada uno de ellos cubre dos y hasta tres fiscalías. ¿El resultado? Una fragmentación procesal alarmante. Un fiscal investiga, otro formula cargos por estar de turno, un tercero comparece a la audiencia evaluatoria o de llamamiento a juicio, y otro diferente aparece si hubo acuerdos por procedimiento abreviado. Las versiones las receptan secretarios o ayudantes fiscales y no hay continuidad alguna en los casos. Así, las causas no tienen despacho regular y el principio de celeridad procesal, consagrado en el artículo 76 de la Constitución, se convierte en letra muerta.
Jueces sobrecargados y sin reemplazo.- En el ámbito judicial, la imagen es igual de crítica. Solo un juez en la Unidad Judicial Penal Multicompetente sostiene con esfuerzo los procesos, actuando con principios rectores y conforme a Derecho. Sin embargo, otra unidad judicial multicomlete penal, permanece sin juez desde hace más de dos años. Mientras tanto, en el área civil la carga es menor, pero en las unidades de familia el colapso es evidente: hay audiencias señaladas hasta diciembre de 2025, lo cual es una evidente violación de los plazos razonables establecidos en el COGEP.
Notarías inoperantes. – Como si fuera poco, de las tres notarías que deberían operar en el cantón Francisco de Orellana, solo una está en funcionamiento. Las otras dos han estado fuera de servicio, la Notaría dos, desde hace más de tres años, y la Notaría tercera, dejó de operar hace meses. La única Notaría que funciona, la Nro. 1, no se abastece para cubrir la demanda de trámites, lo que obliga a los ciudadanos a trasladarse a otras poblaciones en busca de servicios que constitucionalmente deberían estar garantizados en su propio territorio.
Miedo al reclamo.- Quien alza la voz, lo hace con el temor de ser señalado. Hay un ambiente silencioso, pero tenso, donde protestar o pedir mejoras se interpreta como “quejarse de más”. A muchos abogados se les pone el ojo por exigir lo justo, como si defender los derechos fuese un acto de subversión.
Desde esta tribuna del pensamiento y con mi pluma, pido justicia para la justicia. No solo se está afectando el trabajo profesional de los abogados en libre ejercicio; se está negando a la ciudadanía el acceso digno a sus derechos.
La provincia de Orellana no puede seguir siendo ignorada. El sistema fiscal, judicial y notarial, debe ser fortalecido de inmediato. Exhorto con respeto y urgencia a las autoridades competentes para que intervengan antes de que la desesperación ciudadana se transforme en reclamos, marchas o manifestaciones. Que quienes hoy advertimos esta ignominia no seamos tratados como agitadores, sino como lo que somos: voceros de una justicia que clama auxilio.
Porque sin justicia pronta, eficaz y humana, no hay democracia que valga. ¿Quién le pone el cascabel al gato..?
Elio Roberto Ortega Icaza