La guerra contra las mafias y el terrorismo tiene algunos beneficios y un gran problema. Beneficios son la unidad del país; el altísimo nivel de popularidad del presidente, las Fuerzas Armadas, la policía y hasta la Asamblea Nacional; ha mejorado la imagen del país y se han replegado las mafias y sus aliados incrustados en las instituciones.
El problema es cómo salir de la guerra. Sabemos que las guerras terminan con la victoria, la rendición o la firma de un armisticio que es la suspensión de hostilidades pactada entre los beligerantes, pero ¿quién firmaría ese acuerdo, a nombre de quién y con quién? Nadie ha ganado la guerra al narcotráfico. En los millonarios mercados de la droga, los carteles no retan al Estado ni a la sociedad, se mantienen en la marginalidad; América Latina es donde imponen la violencia, penetran en las instituciones, se toman la política y pervierten a la sociedad.
Las batallas contra el narcotráfico deberían darse en las calles, en las cárceles, en las instituciones financieras, en los puertos y fronteras, en las leyes, en el mar y el aire. No hay victoria sin depurar la policía, las instituciones, la política y los cuarteles. La batalla de hoy parece reducirse a las cárceles y las calles.
Es posible que la estrategia consista en reducir los índices de violencia desactivando las mafias locales, pero evitando una guerra total con los carteles internacionales para no prolongar indefinidamente un conflicto difícil de ganar.
Si los ciudadanos sospechan de pactos secretos, rechazarán a los responsables y se desplomarán los índices de popularidad. La sospecha de que se utilizó la declaratoria de guerra para subir impuestos y acomodar a políticos desprestigiados, sería demoledora.
Si el gobierno deja pasar la oportunidad que le ha dado el país y vuelve después de los impuestos al mismo absurdo de gastarse 30.000 millones al año sin hacer nada, sin reducir el gasto, sin generar empleo, sin cambiar nada, se buscará una sanción histórica.