La vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el presidente Daniel Noboa y varios militantes de su Gobierno. La denuncia se basa en la acusación por violencia política de género.
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El proceso se encuentra actualmente en la fase de calificación, a cargo del juez sustanciador, Fernando Muñoz, quien evaluará si la denuncia cumple con los requisitos formales para proceder.
De acuerdo con el Código de la Democracia, el TCE tiene un plazo de 30 días para resolver la denuncia. Durante este periodo, se deben completar varias etapas, incluyendo la calificación de la demanda, la citación a los demandados, la contestación de la demanda y la realización de una audiencia única de prueba y alegatos.
La admisión de la denuncia podría llevar a la citación de los demandados para que ejerzan su derecho a la defensa en un término de 5 días.
Proceso y posibles consecuencias legales
En caso de que el TCE admita la denuncia, los demandados podrían enfrentar sanciones que incluyen multas, suspensión o pérdida de derechos políticos.
Esto significaría la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que afectaría directamente a los implicados en la denuncia. Además, el proceso permite la apelación de una sentencia inicial, lo que llevaría el caso al Pleno del TCE para una revisión.
El abogado constitucionalista André Benavides explicó que, si bien el TCE tiene la facultad de imponer sanciones severas, el proceso debe seguir estrictamente el marco legal para asegurar que cualquier sanción sea válida y aplicable.
El experto destacó la importancia de la calificación adecuada de la denuncia y el derecho a la defensa de los demandados, lo que garantiza que el procedimiento cumpla con las normas establecidas.
Benavides también señaló que, en caso de una sentencia adversa, Daniel Noboa tendría la posibilidad de apelar ante el Pleno del TCE, lo que abriría una nueva etapa en el proceso legal.
Limitaciones constitucionales y contexto institucional del TCE
Por otro lado, Miguel Molina, director de la Escuela de Derecho de la UIDE, advirtió sobre las limitaciones que la Constitución impone al TCE en cuanto a la destitución de un presidente.
Según Molina, aunque el tribunal puede imponer sanciones por violencia política de género, no puede destituir al presidente Noboa, ya que los escenarios de cese están claramente definidos en la Constitución.
Además, Molina resaltó la actual crisis institucional del TCE como un factor que podría influir en la percepción del proceso.
Hemos sido testigos de cómo el Viejo Ecuador, ese de los Muentes, los Glas y del reparto de hospitales, no se rinde: pic.twitter.com/CATlJvoTGb
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 15, 2024
Molina también agregó que, aunque el TCE podría proceder con otras sanciones legales, la reciente crisis en la institución, marcada por la remoción de su anterior presidente, podría afectar la legitimidad del proceso. Esta situación genera un contexto complejo que podría influir en las decisiones del tribunal y en la percepción pública de este caso.
¿En qué casos se puede cesar de funciones al presidente?
Según el artículo 145 de la Constitución del Ecuador, la Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo en los casos siguientes:
- Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución
- Por terminación del período presidencial.
- Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional.
- Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.
- Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.
- Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.
Implicaciones del proceso en el TCE
El avance de esta denuncia en el TCE podría tener implicaciones importantes, dependiendo de cómo se desarrolle cada etapa del proceso. La normativa legal y las limitaciones constitucionales juegan un papel crucial en la definición de las posibles consecuencias para los acusados.
Al mismo tiempo, el contexto institucional del tribunal podría influir en la percepción pública del proceso, aunque las decisiones deben mantenerse dentro de los marcos legales establecidos.