Ecuador enfrenta una crisis ambiental sin precedentes en 2024, marcada por incendios forestales devastadores que han arrasado miles de hectáreas de vegetación en las provincias de Azuay y Loja. La combinación de una prolongada sequía y la intervención humana ha creado un escenario alarmante, donde la quema de vegetación no solo ha provocado pérdidas ecológicas, sino que también ha generado alertas de contaminación ambiental en ciudades como Loja.
Esta situación demanda una reflexión profunda sobre las causas subyacentes y las medidas necesarias para prevenir futuros desastres, así como la importancia de evitar el uso político de estas emergencias.
Los incendios forestales en Ecuador durante este año han sido impulsados principalmente por dos factores: la sequía severa que afecta al país y las acciones irresponsables del ser humano.
Según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, más de 18 500 hectáreas han sido consumidas por el fuego en Azuay y Loja desde principios de noviembre, con un total de 21 incendios activos reportados a nivel nacional. Esta situación se ha visto agravada por la falta de lluvias, que ha llevado a condiciones extremadamente secas y propensas a incendios.
Los efectos de estos incendios son devastadores. En Loja, se han registrado niveles críticos de contaminación del aire debido a las emisiones generadas por los incendios, con índices que superan los límites saludables. La calidad del aire se ha deteriorado significativamente, afectando la salud pública y provocando malestar entre los habitantes.
Además, los incendios han causado daños irreparables a la fauna local; miles de animales han perdido sus hábitats y algunos han muerto en el proceso. La quema indiscriminada de vegetación no solo destruye ecosistemas, sino que también contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta crisis ambiental exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado ecuatoriano.
En medio de esta crisis energética y ambiental, es fundamental que los actores políticos eviten capitalizar la situación para obtener beneficios electorales. El uso político de las emergencias puede desviar la atención de las verdaderas soluciones necesarias para abordar los problemas subyacentes. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que los recursos destinados a combatir los incendios sean utilizados adecuadamente.
El Estado ecuatoriano ha buscado créditos internacionales para enfrentar la emergencia causada por los incendios forestales en Azuay y Loja. Sin embargo, es crucial que estos fondos se utilicen para desarrollar estrategias sostenibles que aborden tanto la prevención como la mitigación del impacto ambiental.
La crisis ambiental provocada por los incendios forestales en Azuay y Loja es un llamado urgente a la acción. La combinación de sequía e intervención humana ha llevado a una situación crítica que afecta tanto al medio ambiente como a la salud pública. Es fundamental evitar el uso político de estas emergencias y centrarse en soluciones efectivas que promuevan la sostenibilidad. La educación, la prevención y la colaboración son claves para enfrentar este desafío y proteger nuestro patrimonio natural para las futuras generaciones.