No es vida para 4 millones y medio de ecuatorianos que tienen un ingreso diario de menos de 3 dólares, y para seis millones y medio que carecen de agua potable, alcantarillado, alimentos, vivienda, educación, salud, trabajo y duran en la ruralidad. Mientras el resto de la población se beneficia de los subsidios a los combustibles que nos cuesta a todos los ecuatorianos 4.500 millones de dólares cada año.Todo esto porque los gobiernos han marginalizado a la gente pobre y gestionan solo para 12 millones de los 17 que somos.
Ser catalogado como el país más violento del continente es culpa de todos, que no hemos disminuido la brecha de la desigualdad, pues la sociedad ecuatoriana y las élites, que deciden e influyen en la vida de la gente, creen que con dar un bono de 50 dólares a una parte de esta población es suficiente. Entonces debemos corregir esta política marginalizadora para hablar de un gobierno “democrático”. Daniel Noboa debe saber lo que piensa y siente esta gran cantidad de pobres, debe estar en territorio, para lo cual no necesita el permiso de la Asamblea y a pesar del corto tiempo implantar, con el compromiso de toda la sociedad, una política de Estado que incluya a los pobres entre los objetivos del país.
Como esto ha sucedido porque los pobres no tienen voz pero si tienen voto es hora de que elloshaga oír su voz y reclamen, que luchen por una “pequeña utopía”, para que los gobernantes no solo se ocupen de los trabajadores que ya perciben un salario que crece cada año, sino de la enorme población ecuatoriana que es pobre por ingresos bajísimos y por carencia de servicios básicos. Con esta política dual no habrá creación de empleos formales porque el costo es alto, y los informales, que cuestan menos, aumentarán sin remedio.
Si bien la prioridad es disminuir la inseguridad, se puede mejorar la preparación de toda esta gente olvidada para que puedan trabajar y disminuir la desnutrición infantil que es una lacra moral del Ecuador. Para esto no caben pretextos como la difícil gobernabilidad, pues nadie se opondrá a programas en donde la justicia social sea transversal a toda acción. Y para esto no se necesita de consulta popular.