Diana Salazar es una figura importante en el ámbito judicial de Ecuador, conocida por su trayectoria en el sistema de justicia del país. También ha ocupado diversos cargos dentro de la Fiscalía General del Estado, culminando con su nombramiento como Fiscal General en abril de 2019.
Más noticias
Su carrera ha estado marcada por su participación en casos relevantes que han tenido un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y otros delitos graves.
Antes de asumir el cargo de Fiscal General, Salazar acumuló experiencia como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), donde se destacó en la investigación de delitos económicos. Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales, además de una maestría en Derecho Procesal Penal, lo que le ha permitido desempeñarse en sus funciones judiciales.
Desde su nombramiento, Salazar ha encabezado investigaciones de alto perfil y ha implementado diversas estrategias para fortalecer la independencia judicial en Ecuador. Su gestión ha sido observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dado el contexto político y social en el que se desenvuelve la justicia ecuatoriana.
Caso Encuentro
El caso Encuentro es la fusión de dos investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana que involucran a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Estas investigaciones, conocidas como León de Troya y Encuentro, revelan un supuesto esquema de corrupción en la administración pública y empresas estatales.
El 31 de octubre de 2023, la Fiscalía decidió unificar ambas investigaciones tras descubrir hechos relevantes en los procesos. El caso Encuentro se inició en enero de 2023, tras las revelaciones del portal La Posta en su serie ‘El Gran Padrino’. Según La Posta, Carrera, sin ocupar un cargo oficial, manejaba empresas públicas y decidía las colaboraciones privadas a cambio de sobornos.
Las investigaciones también apuntó a Hernán Luque, expresidente del directorio de EMCO, y Leonardo Cortázar, presunto operador de la red de corrupción en CNEL. Audios filtrados por el medio de comunicación mencionan a Carrera como líder de la trama y a Luque exigiendo 150 mil dólares mensuales, depositados en una cuenta en Andorra.
Carrera negó las acusaciones y demandó por difamación a Andersson Boscán. Guillermo Lasso, por su parte, defendió a Carrera públicamente y ordenó la colaboración total del Ejecutivo con la Fiscalía, asegurando la inexistencia de estructuras criminales en su gobierno.
Caso Purga
El 4 de marzo de 2024, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un operativo en Guayas que resultó en la detención de 12 personas, entre ellas Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), y María Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Este operativo, denominado Caso Purga, es parte de una investigación por presunta delincuencia organizada derivada del Caso Metástasis.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, afirmó que el caso busca sanear el sistema judicial de la corrupción. La Fiscalía alega que Pablo Muentes estableció relaciones con Gallardo y otros jueces para controlar decisiones judiciales y cambios administrativos en beneficio propio, resultando en varios delitos como prevaricato, tráfico de influencias, cohecho y fraude procesal.
Durante el operativo, se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, joyas, y dinero en efectivo en la casa de Muentes. En la audiencia de formulación de cargos, se dictó prisión preventiva para 11 detenidos, incluyendo a Muentes y Gallardo, y arresto domiciliario para uno de ellos por ser mayor de 65 años.
Las autoridades están evaluando las medidas disciplinarias para los funcionarios judiciales detenidos, mientras el contralor general del Estado revisa las declaraciones patrimoniales de los jueces implicados para detectar posibles incrementos no justificados.
Caso Sinohydro
La Fiscalía de Ecuador solicitó a la Corte Nacional iniciar un proceso penal contra el expresidente Lenin Moreno y su entorno, investigados por presunta corrupción en la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro. La fiscal general, Diana Salazar, indicó que se habrían manejado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos disfrazados como consultorías.
Se programó una audiencia de formulación de cargos para el 2 de marzo. Entre los acusados figuran Moreno, su esposa, su hija y sus hermanos, además de su amigo Conto Patiño y otros allegados.
Las denuncias iniciales, conocidas como Ina Papers, revelaron un entramado de empresas offshore vinculadas al entorno de Moreno. Salazar destacó las múltiples diligencias realizadas en la investigación, incluyendo audiencias, allanamientos y asistencias penales internacionales.
El anuncio generó diversas reacciones políticas, con Moreno defendiendo su inocencia desde Paraguay, donde reside actualmente.
Caso Metástasis
El caso denominado ‘Metástasis’ por la Fiscalía General investiga el delito de delincuencia organizada, abordando la corrupción que afecta diversas áreas de la sociedad, incluida la Policía Nacional, políticos y medios de comunicación. La fiscal general, Diana Salazar, explicó en una entrevista televisiva que el nombre del caso refleja la naturaleza expansiva de la corrupción, comparándola con un cáncer. Actualmente, 31 personas están procesadas, incluyendo a Leandro Norero, alias ‘el Patrón‘, un narcotraficante asesinado en prisión.
Entre los procesados se encuentran figuras destacadas como Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y otros funcionarios judiciales y policiales. En el operativo “Metástasis” del 14 de diciembre de 2023, cerca de 900 personas participaron en 97 allanamientos, resultando en la detención de 28 sospechosos, quienes fueron llevados ante la Corte Nacional de Justicia.
El contexto político también está marcado por la elección de Daniel Noboa como presidente, tras un período de inestabilidad política y el recurso de muerte cruzada utilizado por el expresidente Guillermo Lasso. La llegada de Noboa al poder reveló pactos políticos y la reanudación de intentos de juicio político, esta vez contra la fiscal general Diana Salazar Méndez.
Caso Plaga
El 3 de abril de 2024, la Fiscalía de Ecuador llevó a cabo operativos en ocho provincias como parte de la investigación del caso Plaga. Este caso involucra un presunto delito de delincuencia organizada en el sistema judicial, donde se habría liberado a personas presas de forma irregular a cambio de dinero o favores.
Los operativos se realizaron en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, Pichincha, Chimborazo y Tungurahua, resultando en 14 detenidos, incluidos ex jueces, funcionarios judiciales, policías y abogados.
La Fiscalía investiga cómo, a través de acciones constitucionales, los involucrados favorecieron a personas peligrosas, otorgándoles la libertad mediante argucias legales y abuso del derecho. Entre enero de 2022 y marzo de 2023, 241 presos salieron de la cárcel alegando condiciones de salud no comprobadas, utilizando el recurso de hábeas corpus.
Además de la delincuencia organizada, el caso Plaga incluye investigaciones por tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía enfatizó la gravedad de la corrupción en el sistema de justicia ecuatoriano, describiéndolo como un círculo vicioso que debe ser erradicado.
Caso Reconstrucción de Manabí
El caso de mal manejo de fondos destinados a la reconstrucción de Ecuador tras el terremoto de 2016 ha avanzado significativamente en los últimos años. La creación del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo mediante el Decreto Ejecutivo 1004, el 26 de abril de 2016, marcó el inicio de los esfuerzos para mitigar los efectos del desastre y reactivar las zonas afectadas.
Sin embargo, denuncias posteriores han revelado un preocupante patrón de abuso y malversación de estos fondos.
El 20 de mayo de 2016, se promulgó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para financiar la reconstrucción mediante contribuciones solidarias.
No obstante, en abril de 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) presentó una denuncia a la Fiscalía por el presunto abuso de estos dineros públicos. La Contraloría General del Estado también emitió un informe señalando irregularidades en los contratos para la construcción del Parque Las Vegas y el acceso al Puerto de Manta, financiados con estos fondos.
A medida que las investigaciones avanzaron, la Fiscalía unificó las denuncias y en junio de 2023 solicitó una audiencia para formular cargos contra Jorge G., expresidente del Comité de Reconstrucción, Carlos B., exsecretario técnico, y Pablo O., exgerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico.
El 5 de enero de 2024, se formularon oficialmente los cargos por presunto peculado, resultando en prisión preventiva para Jorge G. y Carlos B., además del congelamiento de sus cuentas y la prohibición de enajenar bienes por montos significativos.
En abril de 2024, la investigación se amplió para incluir a seis personas más, entre ellas exministros y exdirectores de diversas instituciones. La vinculación de estos nuevos implicados subraya la gravedad y el alcance del presunto peculado.
Caso Sobornos
Tras el fin del gobierno de Rafael Correa, varios exfuncionarios y él mismo fueron investigados por presuntos casos de corrupción. El caso Sobornos 2012-2016, conocido tras una investigación del portal Mil Hojas, reveló que empresas multinacionales entregaban aportes al movimiento Alianza PAIS a cambio de contratos estatales.
En abril de 2019, Mil Hojas publicó ‘Receta de Arroz Verde 502’, evidenciando que Pamela Martínez, asesora de Correa, recibió correos que indicaban aportes de empresas como Odebrecht al partido político de Correa entre 2013 y 2014. Las donaciones sumaban aproximadamente 11,6 millones de dólares.
La Fiscalía abrió una investigación y en noviembre de 2019, la Fiscal General Diana Salazar presentó evidencias, incluyendo un cuaderno de Pamela Martínez con registros de los sobornos. En enero de 2020, se llamó a juicio a 21 sospechosos, incluyendo a Correa y otros altos funcionarios. En abril de 2020, Correa y otros 15 fueron sentenciados a ocho años de prisión por cohecho, sentencia ratificada en septiembre de 2020. La mayoría no ha cumplido la sentencia, excepto Alexis Mera y Jorge Glas, quien obtuvo hábeas corpus en abril de 2022 y el 5 de abril de 2024 fue capturado en la Embajada de México en Quito.