Los políticos ecuatorianos creen que nuevas leyes o reformas a las vigentes corrigen los problemas que afectan a la nación. La insensatez llega al extremo que se mide la “eficacia” de un período de la Asamblea por el número de leyes que ha aprobado. Y es mejor asambleísta quien ha presentado el mayor número de proyectos. No se mide la calidad de unas y otros, menos su necesidad y resultados. De allí la mediocridad de la mayoría de las normas legales y la incontinencia legislativa que produce efectos contrarios a los que se proclama perseguir.
El endurecimiento de penas, la facilidad para incautar fortunas de los corruptos y medidas similares se exhiben como la solución para combatir la delincuencia. Pero esta no solo se mantiene, sino que aumenta.
El problema es la impunidad que alienta a los corruptos a enriquecerse por cualquier medio. Los contratos con las administraciones central y regionales, los sobreprecios en obras y servicios y mil otras maneras de apropiarse de dineros ajenos crean rápidamente nuevos potentados. La Asamblea Legislativa incentiva este comportamiento, como se prueba una vez más con el “llamado de atención” a quien pretendió una encerrona a la fiscal general y al aprobar con masiva votación la norma que permitiría a los miembros del Consejo de la Judicatura gozar de licencia mientras estén en las cárceles.
Los pocos casos que terminan en sentencias condenatorias se burlan con habeas corpus, habeas data y otras acciones constitucionales decididas por jueces venales que tarifan sus sentencias según el marchante y el delito cometido. Las penas de cárcel se interrumpen o se reducen y la devolución de lo robado sirve para engañar a los bobos, mientras los nuevos ricos pasean sus fortunas dentro y fuera del país.
Mientras no se simplifique y ordene la maraña legislativa y el nombramiento de jueces sea cuestión de intereses y palancas, se mantendrá la impunidad y no será posible una disminución radical de la corrupción para una honesta y eficaz inversión de los recursos públicos.