Lo que era vox populi: los vínculos entre la administración de justicia y los grupos delincuenciales, especialmente los ligados con el narcotráfico, se hicieron evidentes por la valentía y decisión de la fiscal general, Diana Salazar. Ahora no hay duda de que varios jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, abogados, políticos, policías y hasta militares,responden a los intereses de tales sujetos y a los “halagos” de quienes poseen enormes sumas de dinero, producto del tráfico de drogas y la corrupción.
Qué cierta fue la advertencia de Pancho Huerta, quien presidió la comisión especial creada tras el ataque de Angostura por fuerzas colombianas, el 1 de marzo de 20028: “Ecuador está muy cerca de convertirse en una narco democracia”. Pasado un tiempo de este terrible vaticinio, cuando los atropellos del correísmo fueron masivos, sustituyó narco democracia “por narco dictadura”.
Pero el país no puede ser mero espectador frente alas revelaciones de la acusación fiscal. La metástasis (propagación de un foco cancerígeno) exige una reacción inmediata de todos los órganos de la función pública -legislativo, ejecutivo y judicial -junto a manifestaciones claras de rabia y respaldo de la ciudadanía. Si el ecuatoriano se queda apoltronado en su rutina, o amilanado ante las amenazas de la violencia, no podrá quejarse después por la destrucción de la sociedad.
También es urgente identificar a los topos cuyas filtraciones han permitido a Correa advertir a sus compinches de las acciones de la fiscal, y a Glas refugiarse en la embajada de México. Los tentáculos de este grupo siniestro han penetrado todas las instituciones. Revelador y vergonzoso el mensaje enviado por Norero al expresidente: “Me debe un favor porque la libertad de Glas costó 250.000 dólares”. Pese a lo cual, todavía hay quienes compran el cuento del “law fare” difundido por quienes esquilmaron al país durante 10 años. Y la pregunta final: ¿Puede el presidente Noboa continuar con el pacto secreto que le une esta gavilla?