Violencia intrafamiliar, de género, fragmentación familiar y falta de cumplimiento de derechos son bases para la crisis de inseguridad y la violencia carcelaria en Ecuador.
Esos ejes se trataron este miércoles 10 de julio de 2024, en el evento Más allá de la militarización: ¿Hacia dónde debe apuntar nuestro sistema de rehabilitación social?
El encuentro se realizó en el norte de Quito, impulsado por el Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa.
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Violencia carcelaria en Ecuador y sus ejes
La crisis carcelaria se debate a dos días de que la Asamblea Nacional diera paso al incremento de penas en 13 delitos. La Asamblea aprobó el proyecto de ley de aumento de penas, por mandato de la consulta popular y referendo 2024.
Bernarda Ordóñez, exsecretaria de Derechos Humanos, fue enfática en que la crisis de seguridad en Ecuador es una suma de carencias de derechos.
Recordó que en el país hay personas que, a los 8 años de edad, ya fueron detenidas. Muchas de ellas, a los 25, perdieron la vida por la violencia.
Según datos de Unicef, en 2023, se registraron 770 homicidios contra niños y adolescentes. Se evidenció un aumento en asesinatos de menores de entre 0 y 4 años. Lo propio ocurrió con jóvenes de entre 15 y 19 años.
Cárceles y una máquina de violencia
Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, apeló a que las cárceles son máquinas de reproducción de violencia.
Pero, no solo se evidencia en las masacres ya registradas, sino las agresiones la las que denominó de goteo, como la falta de servicios y programas de rehabilitación.
A decir del académico, no se trata de no tener “mano dura”, sino de un sistema de rehabilitación social con condiciones que garanticen una adecuada reinserción de las personas privadas de la libertad en la sociedad.
De ahí que, Yurabi Valero, representante de la fundación AVSI en Ecuador, resaltó que la rehabilitación es, justamente, habilitar a las personas para que vuelvan a la sociedad. Esto, por ahora, no ocurre.
Valero, a la par, recordó que las soluciones o acciones no pueden ser un “copy-paste” de iniciativas de otros países, pues, cada realidad requiere un análisis.
Una interrogante en medio de la violencia en las cárceles
Ordóñez dirigió la atención hacia una pregunta: “¿Las personas privadas de la libertad pueden rehabilitarse?”
A lo que la experta respondió: “He visto a los peores monstruos que ha tenido el país y no he perdido la fe”. No obstante, dejó claro que un país que se olvida de los niños y los jóvenes está destinado a fracasar. Este segmento de la población es donde se romperá o continuará la cadena de violencia.
Ordóñez no descartó que se requiera del control de las fuerzas del orden. No obstante, se necesita de una contraparte de programas sociales.
La experta en Derechos Humanos, a su vez, apeló a que el Estado está dejando de ejecutar los presupuestos en las instancias públicas. Ella calificó a esta realidad como una desgracia.
Una mirada desde los sobrevivientes de la violencia
Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, asesinada en la Escuela Superior de Policía en Quito, aplaudió el respeto a los derechos y a la reinserción. Pero, a la par, planteó: “¿Quién respeta a las víctimas?”.
Otavalo puso como referencia a Germán Cáceres, condenado por el femicidio de su hija. Él cumple una condena de 34 años en la Cárcel 4, cuando inicialmente estaba en el centro de máxima seguridad La Roca. “¿Qué están esperando, que se escape o que negocien?”.
La madre de Bernal recordó que nadie regresa los ojos a los familiares de las víctimas, que son sobrevivientes de la violencia. Además, puso en duda que una persona como Cáceres pueda salir de la cárcel y no repetir la agresión.
Datos históricos del centro de rehabilitación de Latacunga
El Observatorio de Seguridad, Crimen y Defensa hizo un recuento de datos del centro de rehabilitación social de Latacunga.
En el 2010, el sistema de rehabilitación social fue declarado en emergencia. En ese año, se presentó un 93% de sobrepoblación carcelaria.
La cárcel de Latacunga se planificó junto a otros centros para reducir el hacinamiento, mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad y tener infraestructura moderna.
- 2012: empezó la construcción
- 2013: para el abastecimiento de agua se invirtieron 13 millones de dólares en perforación de pozos. Se hicieron pruebas y el agua no era apta para el consumo.
- 2014: la construcción finalizó y se trasladaron a las personas privadas de la libertad (PPL) desde el expenal García Moreno.
- 2019: los PPL realizaron un amotinamiento reclamando mejores condiciones. Dos PPL murieron y un oficial de la Policía resultó herido.
- Presupuesto: inicialmente se definieron 47 millones de dólares y costó 83,7 millones.