El decreto presidencial del 9 de enero declaró oficialmente la guerra interna. Ante ello, el historiador Fernando López evidencia que es la quinta guerra que vive el Ecuador. La primera, de carácter histórico, la han mantenido las élites nacionales por la apropiación de los recursos naturales y humanos, en alianza con capitales extranjeros.
Las demás son actuales, encabezadas por el conflicto entre los grupos de crimen organizado por territorios, los cuales incluyen las cárceles, las rutas para el transporte de drogas y el microtráfico, conflicto que ha provocado estragos en la población y ha normalizado la violencia.
Y es que esa es, precisamente, la tercera guerra: la del crimen organizado contra los sectores populares, por el dominio en los barrios, en las pequeñas poblaciones, en los campos, en las caletas de pesca, en los estuarios y en las playas.
La lucha más desigual, pues las bandas criminales aterrorizan a los más débiles, los extorsionan para robarles el fruto de su trabajo, al tiempo que controlan el territorio y el movimiento de personas, no solo por la violencia sino también por el auspicio del consumo de drogas que les ayudan a reclutar por coacción, chantaje o seducción deldinero fácil a millares de jóvenes abandonados por la sociedad, sin educación decente, sin empleo y sin futuro.
Las guerras internas se enmarcan en un conflicto global por el dominio mundial, disputado entre Estados Unidos y potencias emergentes como China, que pugnan por el dominio de la cuenca del Pacífico, donde el país tiene un lugar estratégico por las Islas Galápagos, el acceso al Canal de Panamá y la nueva Ruta de la Seda, entre otros planes globales en marcha.
Este es el contexto en que el presidente Noboa plantea la quinta guerra: la del Estado contra las bandas criminales, que exije la militarización del país y un enorme esfuerzo económico de una sociedad empobrecida, la única de la región que no ha logrado recuperarse después de la pandemia.