El Ecuador exige una Consulta Nacional de Educación este año, con todos los actores sociales, culturales, ambientales y económicos en función de dos objetivos: recuperar el tiempo perdido en la pandemia y asumir nuevos compromisos de la sociedad para la transformación integral del sistema educativo, de cara al 2030.
La pandemia desnudó las fortalezas y debilidades de los docentes ecuatorianos en particular, y del sistema educativo en general. Los datos sobre el rendimiento escolar, durante este período, han sido poco difundidos, y delatan situaciones que preocupan a las autoridades y a la comunidad educativa, de manera especial en lo que a la calidad se refiere. Es urgente diseñar una nueva Consulta Nacional de Educación en los nuevos escenarios del Ecuador, que despierte del letargo a sus principales actores.
Decisiones emergentes
La educación ecuatoriana, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional para el Desarrollo (PISA-D) efectuado en 2017, con la intervención de 6100 estudiantes de 178 instituciones, se halla dentro del promedio regional, pero “afronta brechas significativas en Matemáticas y Ciencias, asignaturas en las que los alumnos no llegaron al nivel 2, entre estudiantes con un índice socioeconómico alto y aquellos que tienen un índice socioeconómico bajo”, que confirman las deficiencias detectadas en los modelos de evaluación Aprendo, Erce y otros.
Estos datos revelan la importancia de ejecutar acciones emergentes en cuatro áreas: Matemática, Ciencias, Lenguaje y Resolución de Problemas, para lograr un nivel mínimo de competencias para la vida adulta, de conformidad con la norma constitucional, las metas del Plan de Desarrollo Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tercer Milenio de las Naciones Unidas.
Por razones presupuestarias, el Ecuador resolvió no continuar el proceso de evaluación PISA trianual -aunque se espera que se revise esa medida-, y ahora afronta viejos problemas en desafíos actuales que se profundizaron con la pandemia, las inundaciones, los apagones y la
violencia en algunas ciudades. El reto es real. El Ecuador necesita nuevas políticas educativas públicas, que tengan como referencia los informes de las evaluaciones anteriores, revisar los avances, y abordar, de manera sistémica, planes de mejoras nacionales y específicas en cada plantel, con la contribución de todos los docentes, en la búsqueda de modelos de eficiencia en las inversiones en educación.
Desafíos ineludibles
Un punto de partida es la calidad de los aprendizajes, que está asociada a la evaluación -como queda demostrado-, y a otras estrategias próximas como la formación inicial y continua de los docentes, con la participación de las universidades; la conectividad en todo el sistema educativo, y la aplicación de plataformas tecnológicas de información y comunicación; la reforma integral de las escuelas, como centros nucleares de la educación integradas a la salud, la nutrición, la cultura y el empleo; la participación más activa de los padres de familia y los medios de comunicación, en proyectos de apoyo a los aprendizajes colaborativos; el fomento y desarrollo de planes de lectura, textos escolares y bibliotecas en el territorio nacional; y la mejora continua de los salarios del magisterio por resultados.
Las nuevas políticas educativas públicas asumidas por consenso, con la participación de los sectores públicos, privados y la sociedad civil, y la veeduría de organismos internacionales plantearían la innovación como estrategia nacional y proyectos pilotos, concertados con los docentes, a través de mesas técnicas permanentes, en cuatro temas emergentes: el desarrollo del pensamiento crítico, las tecnologías aplicadas a la educación, la ética civil y la interculturalidad.
Actualización científica
Las reformas a la educación no serán posibles sin la intervención de las universidades, entidades que forman a los docentes en el país. La historia de “parches” no puede continuar. Es urgente aprovechar las mejores experiencias en los campos de la investigación, la docencia, las publicaciones, así como los proyectos de aulas para crear sistemas de mejora continua de la calidad, mediante un mapa nacional de excelencia educativa y programas de actualización pedagógica de todos los docentes, con el concurso de las universidades y escuelas politécnicas.
Lo planteado exige voluntad política y los recursos que constan en el presupuesto, para que, con respuestas creativas, permitan a los actores directos del sistema educativo diseñar alternativas, desde las instituciones escolares, para construir y documentar cambios verificables que superen las deficiencias en las aulas con proyectos participativos y
solidarios. La sociedad civil y los medios de comunicación serían sectores claves en este propósito, que genere una nueva gobernanza del sistema educativo, con un liderazgo ministerial eficiente, y una auditoria social que catalice la movilización de toda la sociedad.
Mejores maestros, mejores ciudadanos
En este contexto, el Ecuador necesita un proyecto nacional de formación inicial y continua de profesores –de carácter interdisciplinario- que apunte a reconocer lo bueno y positivo de los docentes, y también los problemas –los diagnósticos deben ser actualizados- a fin de diseñar y ejecutar nuevas prácticas para formar mejores maestros.
Si no planteamos un esquema integrado de selección de maestros y maestras, con una sólida preparación académica y ética, con mínimos exigibles por entidades certificadoras y evaluaciones independientes, no se superarán los actuales registros. Los mejores ciudadanos deben ser elegidos para ser profesores.
Por los motivos enunciados, la Consulta Nacional de Educación es emergente, para construir entre todos las nuevas políticas educativas públicas, de cara al 2030.