Ya lo intentaron en febrero de este año. Tal como actuaba el tramposo en la antigua taberna, sacando un as debajo de la manga, quisieron embaucar a los ciudadanos con una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para forzar la revisión de sentencias ejecutoriadas, obligar a que la fiscalía les informe a los legisladores sobre las indagaciones penales que son reservadas, imagínense, para que algunos corran y les informen a los investigados; pretendieron crear una instancia internacional que no correspondía. El afán por la impunidad. Pero esa amoral apetencia fracasó.
Otra vez, en mayo, desde la misma Comisión de Justicia y Estructura del Estado, controlada por el correísmo, se aprobó una irrazonable reforma al artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contó con el apoyo del Pleno. Siniestra pieza con fachada legal pero viciada de inconstitucionalidad y manchada de ilegitimidad. Se tejió para favorecer a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy procesados y encarcelados. Para que tengan derecho a una licencia sin sueldo, a pesar de una prisión preventiva o arresto domiciliario. Un salvoconducto para apuntalar a delincuentes que favorezcan la corrupción y la impunidad. Una coartada imperfecta.
La democracia establece La facultad de legislar sin apartarse de los umbrales de la legalidad, igualdad y generalidad. El cimiento de La Ley como expresión de la «voluntad general» de la que habló Rousseau, fundamento de la Revolución francesa y filosofía de la doctrina constitucional democrática. Una ley no es la venia o pasaporte para la complicidad y la impunidad. No es la deriva para la estafa legislativa. Legislar para los vocales del CNJ, unos huéspedes en la Cárcel 4 y otros que portan grillete, procesados por obstrucción de la justicia y tráfico de influencias, constituye un hecho grotesco, aún con el argumento de la presunción de inocencia.
En la sociedad democrática, el parlamento legisla con la regla de la generalidad. Desde el principio de legalidad e igualdad. Igual a los iguales. Desigual a los desiguales. Causa desconsuelo la orfandad de los valores de la ética, el interés general, el bien común y hasta el sentido común. Legislar para proteger a quienes delinquen deja a la vista el abandono de la realidad desde la representación política. El veto total es lo que se impone.