Dos relevantes hechos políticos se han dado en estos días, en los cuales, el común denominador ha sido, ser favorables a los intereses del oficialismo, por lo menos en la perspectiva inmediatista.
Uno.- Una vicepresidenta incómoda: La acción administrativa dada a fin de sancionar a la vicepresidenta de la república, por una falta grave, consistente en ausentarse injustificadamente tres días de sus funciones de embajadora, resulta que, el real efecto de la desproporcionada – en función del tiempo – sanción (suspensión de 150 días) sería evitar que Verónica Abad sea quien reemplace al presidente Noboa el momento en el que este deba ausentarse para realizar campaña, utilizando para el efecto un infortunado y muy cuestionado mecanismo a fin de sacarla del camino.
Resulta inverosímil, un contrasentido mayúsculo y evidentemente forzado, que una funcionaria administrativa – lo escribo con respeto – común y sin mayor rango, que ni siquiera forma parte de la entidad nominadora, quizás utilizada, mediante resolución administrativa, se permita y tenga el brutal alcance – con el aval del propio Ministerio del Trabajo en sintonía estratégica con Carondelet – en dejar fuera de la cancha a nada más y nada menos que a una persona que ocupa la vicepresidenta de la república, indistintamente si es V. Abad o no, elegida por elección popular, persona de evidente y notoria alta jerarquía, saltándose la constitución y las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jugando y calculando la sanción con los tiempos políticos a efectos de que calce con los intereses propios del ejecutivo; y, como si fuera poco, la grave falta, que sería en función de su cargo y responsabilidades como Embajadora, evidentemente no son como Vicepresidenta, es decir, en el peor escenario la ya por sí discutible y forzada sanción (que según la ley no podría superar 30 días), debió enfocarse en sus funciones como representante diplomática, pero nunca como vicepresidenta, es decir como mandataria de los electores, ya que sin perjuicio de atribuirse la resolución una competencia que corresponde a la Asamblea, no deja de ser una intromisión que atenta contra quienes votaron por el peculiar binomio en su oportunidad. Lo dado, en la práctica, independientemente del juego semántico utilizado en la resolución administrativa y, pese a que, la Ministra del Trabajo ha indicado que no se trata de una inhabilitación ni destitución, al final del día, lo dado en la práctica es una maniobra que pretende – inconstitucionalmente – tumbar a la vicepresidenta. Debe quedar claro que, cualquier acto administrativo contrario a la constitución, es nulo; y, adicionalmente, una autoridad administrativa no puede destituir o inhabilitar a un funcionario público elegido por elección popular, lo cual, como queda indicado, habría ocurrido, pese a la utilización en la resolución administrativa de la conveniente palabra “suspensión”.
Lo dado, más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar Abad, constituye un grave atentado a la institucionalidad, a la democracia, al orden constituido y por ende al mínimo sentido de respeto a la Constitución, que es lo que busca reflexionar y defender esta columna.
Dos.- El otro dolor de cabeza: Topic, hasta hace poco candidato a la presidencia, cuestionado por cierto, quien venía presentando un crecimiento en las preferencias electorales, evidentemente constituía la amenaza más latente a las aspiraciones de Noboa. Mediante también, una discutible resolución del TCE, fue sacado del camino, con base en un “supuesto” y no sobre una certeza plena de infracción electoral, lo cual llama la atención; con mayor motivo, si Topic en las últimas y recientes elecciones presidenciales, en las que ganó Noboa, fue candidato también, sin ningún tipo de impedimento.
Tres.- Conclusiones: Parecería que: a.- Las luces de la racionalidad jurídica, en el tema de Abad particularmente, se han apagado totalmente en Carondelet; y, como si fuera poco, un problema personal entre ambos mandatarios, por la falta de sensatez de estos, ha derivado en un problema nacional con alcance internacional, cuyos primeros coletazos quizás se sintieron en la Cumbre Iberoamericana de Cuenca. b.- Hasta que dicha resolución no sea revocada o declarada inconstitucional, se habría marcado un peligroso y antidemocrático antecedente, en el sentido de que, para deshacerse de un vicepresidente y, consecuentemente y por qué no de un presidente, bastaría para el efecto, un sumario administrativo. c.- La resolución del TCE, favorable a los intereses de reelección del ejecutivo, despierta y deja más dudas que certezas…
La pregunta que salta sobre la mesa de la opinión pública es, lo dado, corresponde ¿al nuevo país o las malas prácticas del viejo país?