Abogados, jueces, legisladores y políticos habilidosos y amorales, pretendieron bloquear ilegalmente el enjuiciamiento penal a Glas acusado de peculado en la reconstrucción de Manabí, afectada por el terremoto de 2016.
Rivera, el juez de la Corte Nacional conocido por sus servicios a la revolución ciudadana, pidió a la Asamblea que autorice el enjuiciamiento penal al exvicepresidente, sabiendo -o debiendo saber – que el artículo 120 numeral 10 de la Constitución determina que corresponde a la Asamblea autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República, pero no de los exmandatarios. Esta norma -conocida como inmunidad- tiene por objeto preservar la administración del Estado e impedir juicios penales contra el jefe de Estado y su sustituto, por afanes desestabilizadores. Los expresidentes y exvicepresidentes tienen fuero de Corte Nacional pero no inmunidad. Hay varios precedentes en este sentido, inclusive con el propio Glas, cuando la Asamblea, en 2029 y 2021 devolvió la solicitud similar por improcedente.
De igual manera debió proceder la Asamblea: devolver el expediente al juez Rivera y llamarle la atención por irrespetar normas y precedentes constitucionales expresos. Pero ahí viene la viveza: Kronfle no presidió la reunión en que se trató el tema, sino la vicepresidenta correísta Viviana Veloz; y otra legisladora de esa misma bancada presentó la moción para autorizar el enjuiciamiento, a sabiendas de que no habría los 92 votos requeridos y que tampoco habrá votos suficientes para que se niegue de manera expresa. Con esta viveza criolla, esperaban los del pacto secreto que este nuevo juicio penal contra Glas quede en el limbo. Sin embargo, por la presión social y la ridiculez de su actitud, ha fijado para el 5 de enero de 2024 nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos. Estos son los jueces “serviciales” que desacreditan a la administración de justicia.
En definitiva, el desenlace de este este nuevo proceso contra Glas dependerá que un juez independiente y probo no permita la impunidad. Rivera ha dado muestras reiteradas de carecer de esos requisitos. Por su parte, el Ejecutivo deberá respaldar claramente a la fiscal, así como evitar que la bochornosa protección a Glas en la embajada de Andrés Manuel López Obrador, asegure la impunidad de quien varias veces ha sido condenado por delitos contra la administración pública.